Comercio entre Colombia y Ecuador

Aunque el comercio entre Colombia y Ecuador ha comenzado a estabilizarse tras meses de tensiones, la relación bilateral sigue lejos de recuperar la normalidad. La guerra arancelaria que enfrentó a ambos países a comienzos de año entró en una tregua frágil, sostenida por negociaciones diplomáticas y por un contexto político marcado por las elecciones presidenciales en Colombia.

Detrás de esta aparente desescalada persisten varios focos de fricción: diferencias en materia de seguridad fronteriza, desacuerdos sobre cooperación regional y una desconfianza política que todavía condiciona el diálogo entre Bogotá y Quito.

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La escalada comercial comenzó en enero, cuando el gobierno de Daniel Noboa impuso la denominada “tasa de control aduanero”, un arancel extraordinario del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando que la medida buscaba fortalecer su estrategia de seguridad y proteger sectores estratégicos de la economía ecuatoriana. La administración de Gustavo Petro respondió con medidas recíprocas, elevando también los aranceles sobre varios productos ecuatorianos y abriendo un ciclo de retaliaciones que tensionó rápidamente la relación entre las naciones.

Durante febrero y marzo, la confrontación se intensificó. Ecuador elevó progresivamente sus aranceles del 30 % al 50 %, mientras Colombia respondió con incrementos equivalentes sobre sectores clave del comercio binacional. Para abril, Ecuador había llevado algunos gravámenes hasta el 100 %, mientras que Colombia hizo lo suyo llegando al 75 %, encareciendo de forma drástica el intercambio de bienes y golpeando especialmente sectores como alimentos, manufacturas, plásticos y transporte de carga.

Aunque la disputa se concentró en el comercio de bienes, la tensión también alcanzó áreas sensibles de la relación económica. La cooperación energética se vio afectada por restricciones temporales en el suministro de electricidad desde Colombia hacia Ecuador, mientras el comercio de petróleo y derivados comenzó a resentirse en medio de la creciente incertidumbre diplomática.

Entre marzo y abril, el conflicto dejó de ser exclusivamente comercial y adquirió un tono cada vez más político. Declaraciones cruzadas entre los gobiernos de Petro y Noboa endurecieron el ambiente, al tiempo que gremios empresariales, exportadores y transportadores comenzaron a presionar por una desescalada ante el impacto económico de la confrontación.

Ante la escalada, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) —organismo de integración regional que promueve el libre comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— emitió tres resoluciones en las que calificó como ilegales las restricciones impuestas por Ecuador al ingreso de mercancías colombianas por Rumichaca, la “tasa de control aduanero” y los aranceles retaliativos impuestos por Colombia.

Así, el ente declaró que las medidas ecuatorianas fueron contrarias al Acuerdo de Cartagena, que regula a la Comunidad en estos asuntos y dio a ambos países un plazo de 10 días hábiles para acatar el fallo a partir del 8 de mayo.

Ante el fallo, el gobierno ecuatoriano mantuvo los aranceles a productos de Colombia y presentó cuatro recursos ante la CAN para intentar revertir las órdenes que le exigían desmontarlos antes del 21 de mayo. La ofensiva jurídica ecuatoriana incluyó dos recursos que le piden a la Secretaría General reconsiderar la petición y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del bloque.

Sin embargo, la situación tuvo su punto de inflexión con la llegada del calendario electoral colombiano cuando a finales de mayo el presidente ecuatoriano sostuvo una conversación pública con Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial, tras la cual anunció el levantamiento de la tasa arancelaria impuesta a los productos colombianos. A partir del 1 de junio, Ecuador redujo esos gravámenes al 0 %, en lo que fue interpretado como el inicio de una desescalada comercial y un gesto político en plena campaña electoral colombiana.

El anuncio generó controversia por la aparente injerencia de Noboa en la contienda presidencial colombiana, pero también abrió una nueva etapa en la relación bilateral. Para la primera vuelta presidencial en Colombia, la confrontación arancelaria ya había entrado en una tregua relativa donde, aunque persistían tensiones diplomáticas y desacuerdos en materia energética y de seguridad, el foco se había desplazado hacia la expectativa de un eventual reacomodo político tras las elecciones.

Con la victoria de Abelardo en segunda vuelta, el escenario parece entrar en una nueva fase. Las felicitaciones de Daniel Noboa dejaron entrever que el deshielo entre Bogotá y Quito podría ir más allá del comercio. “Colombia eligió el orden sobre la impunidad... Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, afirmó el mandatario ecuatoriano por medio de su cuenta de X.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.

Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas.

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

Sus palabras no solo marcaron un respaldo político explícito al electo presidente colombiano —quien entrará en funciones el próximo 7 de agosto—, sino que también reforzaron una idea que atravesó toda la crisis: la disputa arancelaria fue, en el fondo, la expresión económica de diferencias más profundas sobre seguridad, gobernabilidad y cooperación regional. 

Pese a la actual tregua comercial, se conoció este 25 de junio que los recursos presentados por Ecuador fueron rechazados por la Secretaría General mediante las Resoluciones 2603 y 2604, donde ratificó que las acciones ecuatorianas vulneraron las normas comunitarias de libre comercio, confirmando íntegramente el fallo emitido en mayo que ordenó desmontar la medida. 

Las resoluciones tienen además una implicación fiscal sensible para Ecuador. Entre febrero y mayo de 2026, mientras la tasa estuvo vigente, el Estado recaudó aproximadamente $201,5 millones, según cifras del SRI, lo que abre la posibilidad de que importadores y exportadores puedan reclamar parte de ese dinero. Aunque esa posibilidad ya fue descartada por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, el debate mantiene abierto un nuevo frente de tensión para Quito incluso después del desmonte de los aranceles.